El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre —a solo seis días del referéndum— al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros cargos de su Gobierno. El organismo les exige que presten fianza por los gastos originados al erario público por la consulta del 9 de noviembre de 2014: 5,1 millones. Si no lo hacen, podría embargar sus bienes. La decisión del tribunal —que ha ampliado el expediente a siete cargos que no habían sido condenados penalmente por el 9-N— ha irritado al Gobierno catalán, que la interpreta como una maniobra para impedir el referéndum del 1 de octubre.
Se les castiga demasiado tarde a estos golpistas catalanes y a algunos,no pocos,no se les va a castigar.Los jueces no se ponen de acuerdo en cómo se deben castigar muchos delitos y los fiscales andan también perdidos en la falta de aplicar la ley de forma parecida.En España los que no paran de trabajar sin los Policías Nacionales y La Guardia Civil,el Gobierno,los fiscales y los jueces no están trabajando con la urgencia que requiere una situación disparatada como es el incumplimiento generalizado de la ley.
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